Publicado en: Esprint Investigación

Fecha de Publicación: 2025-06-09

Volumen: 4

Número: 1

Año: 2025

DOI URL: https://doi.org/10.61347/ei.v4i1.128

Autores:

• Zoila Fabiola Barreto Pilco. https://orcid.org/0009-0000-4915-9731
• Juan Carlos Gudiño Pazmiño. https://orcid.org/0009-0003-8676-3585
• Catherine Belen Carvajal Granizo. https://orcid.org/0000-0003-2443-9336
• Alexis Paúl Calderón Gutiérrez. https://orcid.org/0009-0008-1930-9872

Palabras clave: Acoso laboral; derechos laborales; gestión administrativa; jurisprudencia constitucional

Resumen

El acoso laboral, también conocido como mobbing, ha sido reconocido jurídicamente en Ecuador como una forma grave de violencia psicológica en el ámbito laboral. Este fenómeno, tradicionalmente invisibilizado, ha cobrado relevancia por su impacto en la salud mental, emocional y física de las víctimas. La Sentencia No. 986-19-JP/21 de la Corte Constitucional ha sido clave para consolidar la protección de derechos fundamentales como la dignidad, el trabajo digno y la integridad personal, interpretando el acoso como una vulneración grave de estos. Pese a reformas legales implementadas en 2017 y a la emisión del Protocolo MDT-2020-244, existen aún obstáculos estructurales que dificultan su aplicación efectiva, tales como la falta de capacitación institucional, la inexistencia de protocolos adecuados y la revictimización en procesos administrativos y judiciales. La presente investigación, de enfoque cualitativo, analizó casos emblemáticos resueltos por la Corte, y reveló avances en la reparación de víctimas y en el establecimiento de estándares jurídicos. Sin embargo, persisten resistencias en la administración de justicia ordinaria y en la gestión institucional. La comparación con experiencias internacionales muestra que, si bien Ecuador ha progresado en el plano normativo, aún requiere políticas públicas más integrales, intersectoriales y con enfoque de derechos humanos. Es así como el impacto transformador de la jurisprudencia dependerá de una adecuada articulación institucional, formación especializada y mecanismos eficaces de denuncia y sanción, para cerrar la brecha entre el marco jurídico y la práctica, garantizando así entornos laborales seguros y justos.

Abstract

Workplace harassment, also known as mobbing, has been legally recognized in Ecuador as a serious form of psychological violence in the workplace. This phenomenon, traditionally overlooked, has gained relevance due to its impact on the mental, emotional, and physical health of victims. Constitutional Court Ruling No. 986-19-JP/21 has played a key role in strengthening the protection of fundamental rights such as dignity, decent work, and personal integrity, by interpreting harassment as a serious violation of these rights. Despite the legal reforms implemented in 2017 and the issuance of Protocol MDT-2020-244, structural obstacles still hinder its effective application. These include a lack of institutional training, the absence of adequate protocols, and the revictimization of affected individuals during administrative and judicial processes. This qualitative study analyzed emblematic cases resolved by the Constitutional Court, revealing progress in victim reparation and the establishment of legal standards. However, resistance persists within the ordinary justice system and institutional management. Comparisons with international experiences show that, although Ecuador has made normative progress, it still requires more comprehensive, intersectoral public policies grounded in a human rights approach. Thus, the transformative impact of jurisprudence will depend on effective institutional coordination, specialized training, and the implementation of efficient mechanisms for reporting and sanctioning. Closing the gap between legal frameworks and institutional practice is essential to ensure safe and fair working environment.