Publicado en: Perspectivas Sociales y Administrativas

Fecha de Publicación: 2025-06-19

Volumen: 3

Número: 1

Año: 2025

DOI URL: https://doi.org/10.61347/psa.v3i1.80

Autores:

• Esteban Patricio Cáceres Castro. https://orcid.org/0009-0006-6606-9045
• Lorena María Coba Quintana. https://orcid.org/0000-0001-9810-0074
• Andrea Isabel Durán Goyes. https://orcid.org/0009-0007-6044-5393
• Piedad del Rocío Chica Calle. https://orcid.org/0009-0001-4661-1224

Palabras clave: Conflicto armado interno; derecho a la educación; niñez; violencia escolar

Resumen

Desde 2023, Ecuador vive un contexto inédito de conflicto armado interno declarado oficialmente mediante el Decreto Ejecutivo N.º 111, que reconoce la amenaza del crimen organizado y su influencia en el deterioro de la seguridad nacional. Este escenario ha provocado una creciente presencia militar en espacios civiles, incluidas las escuelas, generando afectaciones directas al derecho a la educación. La violencia, especialmente en provincias como Esmeraldas, Guayas y Manabí, ha provocado el cierre de escuelas, el desplazamiento forzado de familias, el reclutamiento infantil y el incremento de la inseguridad en entornos escolares. Estas situaciones vulneran gravemente el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños, afectando su derecho a una educación segura, continua y de calidad. A pesar de que este derecho está garantizado por la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las respuestas estatales han sido insuficientes, centradas en la seguridad y no en enfoques integrales que incluyan salud mental, protección social y participación infantil. El artículo plantea la urgencia de políticas públicas que respondan a esta crisis con una visión holística centrada en el interés superior del niño.

Abstract

Since 2023, Ecuador has been experiencing an unprecedented context of internal armed conflict, officially declared through Executive Decree No. 111, which acknowledges the threat posed by organized crime and its influence on the deterioration of national security. This situation has led to an increased military presence in civilian spaces, including schools, directly affecting the right to education. Violence, particularly in provinces such as Esmeraldas, Guayas, and Manabí, has resulted in school closures, forced displacement of families, child recruitment, and growing insecurity in educational environments. These conditions severely undermine the emotional, cognitive, and social development of children, jeopardizing their right to safe, continuous, and quality education. Although this right is guaranteed by the Ecuadorian Constitution and international treaties such as the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, state responses have been insufficient—focused mainly on security rather than on comprehensive approaches that include mental health, social protection, and child participation. This article highlights the urgent need for public policies that address the crisis through a holistic vision centered on the best interests of the child.