Publicado en: Perspectivas Sociales y Administrativas

Fecha de Publicación: 2025-06-23

Volumen: 3

Número: 1

Año: 2025

DOI URL: https://doi.org/10.61347/psa.v3i1.82

Autores:

• José Ángel Rodríguez Ávalos. https://orcid.org/0009-0004-5102-6558
• Dennys Adrian Morales Echeverria. https://orcid.org/0009-0005-7798-353X
• Catherine Belen Carvajal Granizo. https://orcid.org/0000-0003-2443-9336

Palabras clave: Equidad territorial; pobreza estructural; ruralidad; vivienda

Resumen

En el sector rural del Ecuador, el derecho a una vivienda digna enfrenta múltiples desafíos estructurales que profundizan la desigualdad territorial. Aunque la Constitución de la República del Ecuador reconoce este derecho y existen marcos legales como el COOTAD y la Ley de Vivienda de Interés Social, su cumplimiento sigue siendo limitado. La falta de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad afecta directamente a más del 50% de la población rural, donde además el 71,2% vive en pobreza multidimensional (INEC, 2025). La vivienda en el entorno rural no solo cumple una función habitacional, sino que es el centro de la vida productiva, social y cultural de las familias. Sin embargo, muchas viviendas están construidas con materiales precarios, ubicadas en zonas de riesgo y carecen de condiciones mínimas de habitabilidad. Esta situación evidencia la necesidad de una planificación territorial más equitativa y de políticas públicas que respondan a las particularidades socioculturales del campo. El Plan Nacional de Desarrollo 2024–2025 plantea lineamientos para reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida rural, pero su implementación ha sido desigual. Se requiere una visión integral del hábitat que articule infraestructura, acceso a servicios, participación comunitaria y respeto por las formas de vida locales. Garantizar una vivienda adecuada en el área rural no solo es una obligación legal, sino una estrategia clave para superar la pobreza estructural, fomentar la cohesión social y avanzar hacia una equidad territorial real y sostenible.

Abstract

In rural areas of Ecuador, the right to adequate housing faces multiple structural challenges that deepen territorial inequality. Although the Constitution of the Republic of Ecuador recognizes this right and there are legal frameworks such as the COOTAD and the Law on Social Interest Housing, their enforcement remains limited. The lack of access to basic services such as drinking water, sanitation, and electricity directly affects more than 50% of the rural population, where 71.2% also live in multidimensional poverty (INEC, 2025). Housing in rural settings not only serves a residential purpose, but also functions as the center of families’ productive, social, and cultural life. However, many homes are built with precarious materials, are located in risk-prone areas, and lack minimum habitability conditions. This situation highlights the need for more equitable territorial planning and public policies that respond to the sociocultural characteristics of rural areas. The 2024–2025 National Development Plan outlines guidelines to reduce the housing deficit and improve rural quality of life, but its implementation has been uneven. A comprehensive vision of habitat is needed—one that integrates infrastructure, access to services, community participation, and respect for local ways of life. Ensuring adequate housing in rural areas is not only a legal obligation but also a key strategy to overcome structural poverty, foster social cohesion, and advance toward genuine and sustainable territorial equity.