Publicado en: Esprint Investigación

Fecha de Publicación: 2025-01-24

Volumen: 4

Número: 1

Año: 2025

DOI URL: https://doi.org/10.61347/ei.v4i1.92

Autores:

• Lorena María Coba Quintana. https://orcid.org/0000-0001-9810-0074
• Renato Daniel Basantes Silva. https://orcid.org/0000-0002-7528-2554
• Andrea Isabel Durán Goyes. https://orcid.org/0009-0007-6044-5393

Palabras clave: Derechos; estabilidad laboral; teletrabajo; trabajador

Resumen

El teletrabajo en Ecuador, impulsado por la pandemia de COVID-19, transformó las dinámicas laborales, y expuso tanto sus beneficios como desafíos en términos de estabilidad laboral. Antes de la pandemia, la regulación del teletrabajo era limitada, pero en 2020 se implementaron reformas rápidas como la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Aunque estas permitieron la continuidad de las actividades laborales, no garantizaron de manera adecuada la protección de los derechos de los teletrabajadores. Durante este período, la falta de infraestructura tecnológica adecuada, el aumento de la jornada laboral y la informalización del empleo impactaron negativamente en la estabilidad laboral. Muchos trabajadores se enfrentan a despidos injustificados y sobrecarga laboral debido a la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión y compensación por los costos adicionales. Aunque el marco legal ecuatoriano contempla disposiciones para proteger la estabilidad laboral, su aplicación ha sido insuficiente, afectada por la informalidad y la limitada supervisión estatal. Además, la brecha digital y la segmentación del mercado laboral exacerbaron la precarización de las condiciones laborales, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Las protecciones temporales implementadas resultaron insuficientes para garantizar los derechos de los teletrabajadores. Es necesario fortalecer la supervisión laboral, formalizar el empleo y actualizar la legislación para proteger estructuralmente a los teletrabajadores. Asegurar la desconexión digital, compensar los costos adicionales y garantizar la privacidad resultan elementos claves para salvar los derechos laborales en esta modalidad emergente.

Abstract

Teleworking in Ecuador, driven by the COVID-19 pandemic, transformed labor dynamics, exposing both its benefits and challenges in terms of job stability. Before the pandemic, teleworking regulation was limited, but rapid reforms were implemented in 2020, such as the Organic Law on Humanitarian Support. Although these allowed for the continuity of work activities, they did not adequately guarantee the protection of teleworkers’ rights. During this period, the lack of adequate technological infrastructure, the increase in working hours, and the informalization of employment negatively impacted job stability. Many workers face unjustified dismissals and work overload due to the absence of effective mechanisms for supervision and compensation for additional costs. Although the Ecuadorian legal framework includes provisions to protect job stability, its application has been insufficient, affected by informality and limited state supervision. In addition, the digital divide and labor market segmentation exacerbated the precariousness of working conditions, especially affecting the most vulnerable sectors. The temporary protections implemented have proven insufficient to guarantee the rights of teleworkers. It is necessary to strengthen labor supervision, formalize employment and update legislation to structurally protect teleworkers. Ensuring digital disconnection, offsetting additional costs and guaranteeing privacy are key elements to safeguard labor rights in this emerging modality.