Publicado en: Esprint Investigación
Fecha de Publicación: 2025-02-03
Volumen: 4
Número: 1
Año: 2025
DOI URL: https://doi.org/10.61347/ei.v4i1.96
Autores:
Palabras clave: Corte Constitucional; derechos humanos; reparación integral; violencia intrafamiliar
La protección de los derechos humanos es un principio fundamental consagrado en la Constitución ecuatoriana de 2008, especialmente en contextos de violencia intrafamiliar, un problema que afecta a las víctimas directas y perpetúa desigualdades estructurales. Este fenómeno, que vulnera derechos como la dignidad, la integridad y la igualdad, es abordado mediante un marco normativo robusto. La Constitución, junto con la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establece medidas de atención, protección y reparación, complementadas por tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que exigen políticas públicas integrales y un sistema judicial fortalecido. La Corte Constitucional del Ecuador desempeña un papel clave en la garantía de los derechos humanos, interpretando y aplicando principios constitucionales para abordar casos complejos como la violencia de género. La sentencia N° 363-15-EP/21 destaca por su enfoque en garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y la motivación judicial. Además, establece estándares claros para proteger a las víctimas, prevenir la revictimización y promover la justicia inclusiva y equitativa. La Corte también refuerza el alineamiento entre la normativa interna y los estándares internacionales, consolidando su rol como promotora de cambios estructurales y culturales. A pesar de los avances, persisten desafíos como la sobrecarga procesal, la falta de recursos y la necesidad de capacitar a operadores de justicia en perspectiva de género.
The protection of human rights is a fundamental principle enshrined in the Ecuadorian Constitution of 2008, especially in contexts of domestic violence, a problem that affects direct victims and perpetuates structural inequalities. This phenomenon, which violates rights such as dignity, integrity and equality, is addressed through a robust regulatory framework. The Constitution, together with the Comprehensive Organic Law to Prevent and Eradicate Violence against Women, establishes measures of care, protection and reparation, complemented by international treaties such as the Belém do Pará Convention and CEDAW, which require comprehensive public policies and a strengthened judicial system. The Constitutional Court of Ecuador plays a key role in guaranteeing human rights, interpreting and applying constitutional principles to address complex cases such as gender violence. Ruling No. 363-15-EP/21 stands out for its focus on guaranteeing due process, the presumption of innocence and judicial motivation. In addition, it establishes clear standards to protect victims, prevent re-victimization and promote inclusive and equitable justice. The Court also strengthens the alignment between domestic regulations and international standards, consolidating its role as a promoter of structural and cultural changes. Despite progress, challenges persist, such as procedural overload, lack of resources and the need to train justice operators in a gender perspective.
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