Publicado en: Esprint Investigación
Fecha de Publicación: 2025-04-24
Volumen: 4
Número: 1
Año: 2025
DOI URL: https://doi.org/10.61347/ei.v4i1.119
Autores:
Palabras clave: Administración pública; derechos humanos; discapacidad; eficiencia; jubilación
El estudio examina la brecha entre el marco jurídico ecuatoriano y la práctica administrativa al aplicar el principio constitucional de eficiencia a los trámites de jubilación por discapacidad. A través de un enfoque cualitativo y un estudio de caso único en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba (GADMR), se realizaron entrevistas semiestructuradas a tres funcionarios clave y un análisis documental exhaustivo del expediente completo de una servidora pública con enfermedad catastrófica y discapacidad certificada. Los hallazgos muestran que el proceso de jubilación duró diecisiete meses, superando ampliamente el término sugerido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos (LOPEAT, 2018). Se identificaron barreras administrativas como la ausencia de protocolos específicos, vacíos normativos en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), falta de capacitación especializada y carencia de mecanismos formales de priorización médica. El trámite avanzó decisivamente tras la emisión del certificado de discapacidad, a pesar de existir evidencia clínica previa, lo que revela una cultura excesivamente formalista. Se concluye que la brecha entre el marco jurídico y su aplicación práctica vulnera los derechos de las personas con discapacidad. Se recomienda reformar los procedimientos internos, capacitar al personal y establecer términos taxativos con instrumentos de seguimiento que registren tiempos y responsables de cada fase del proceso.
This study examines the gap between Ecuador’s legal framework and administrative practice in applying the constitutional principle of efficiency to disability‑related retirement procedures. Using a qualitative approach and a single‑case study in the Decentralized Autonomous Municipal Government of Riobamba, we conducted semi‑structured interviews with three key officials and carried out an exhaustive documentary analysis of the complete file of a public servant diagnosed with a catastrophic illness and holding an official disability certificate. Findings show that the retirement process lasted 17 months, greatly exceeding the 30‑day limit set by the Organic Law for the Optimization and Efficiency of Administrative Procedures (LOPEAT) (2018). Administrative barriers included the absence of specific protocols, legal gaps in the Organic Law of the Public Service (LOSEP), limited specialized training, and the lack of formal medical‑priority mechanisms. The process moved forward decisively only after the official disability certificate was issued, despite earlier clinical evidence—revealing an overly formalistic administrative culture. We conclude that the gap between the legal framework and its practical implementation undermines the rights of persons with disabilities. We recommend reforming internal procedures, providing staff training, and establishing binding deadlines with tracking tools that record timelines and those responsible for each phase of the process.
No hay comentarios aún. Sé el primero en comentar.